En las últimas semanas, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, y varios autodenominados “expertos” han anunciado el regreso de Zelaya a Honduras y la posible reincorporación del país a la OEA como un restablecimiento de la democracia. Sin embargo, aquí, en Honduras, es claro que tales afirmaciones no podrían estar más lejos de la verdad. A pesar del lenguaje triunfal que emplearan tras la firma del Acuerdo de Cartagena el presidente venezolano Hugo Chávez, su contraparte colombiano Juan Manuel Santos, el presidente hondureño Porfirio Lobo, e incluso el mismo Zelaya, al día de hoy, el país no está más cerca de la reconciliación de lo que estuvo en los meses posteriores al golpe militar del 28 de junio de 2009.

Como señala Dana Frank en The Progressive el 27 de mayo, el Acuerdo de Cartagena asegura la reincorporación de Honduras a la OEA a cambio de una sola “concesión” que en apariencia aún no está garantizada: que se levanten los cargos inventados, que presentó contra Zelaya la misma corte que legitimó su expulsión inconstitucional del país. Es desconcertante que eso sea suficiente para asegurar la vuelta de Honduras al organismo, dado que el país fue expulsado de conformidad con el Artículo 21 de la Carta democrática de la OEA, que establece, en parte:

Cuando la Asamblea General, convocada a un período extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros.

Hoy se encuentran en el poder los mismos empresarios, políticos y funcionarios del ejército que llevaron adelante el golpe, quienes recibieron garantía de impunidad por parte de un presidente que apoyó ese golpe y llegó al poder mediante elecciones ilegales y fraudulentas, legitimadas por el gobierno de los EE. UU. En lugar de disminuir durante la presidencia de Lobo, las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas policiacas y militares se han elevado en los últimos meses, hasta igualar e incluso superar los niveles que habían alcanzado después del golpe.

El actual Gobierno de Honduras, que se promociona a sí mismo como gobierno de “reconciliación” —concepto que históricamente significa llevar ante la justicia a los responsables por delitos de lesa humanidad— no ha mostrado ningún interés en reconciliarse con nadie que esté en desacuerdo con sus políticas de desplazamiento, privatización de los servicios públicos y remate del país al mejor postor. Figuras tan diversas como Carlos Slim (el hombre más rico del mundo), el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y el ex funcionario del Departamento de Estado, Craig Kelly, han alabado el entusiasmo por deshacerse de los recursos del país que el gobierno de Lobo mostró en la conferencia de principios de mayo Honduras is Open For Business. Entretanto, se ha intensificado la criminalización y la represión violenta de los ciudadanos que ejercen su derecho de manifestarse contra ese tipo de políticas. La Ley Antiterrorista, aprobada el último mes de noviembre por el hombre fuerte del gobierno, defensor de la “cero tolerancia” y Ministro de Seguridad, Oscar Álvarez, amplía la revocación legal de libertades civiles para opositores de las políticas gubernamentales, tomando como base la Ley Anti Maras de 2003 aprobada por Lobo (entonces Presidente del Congreso Nacional), y también la Ley Antiterrorista de la década de 1980, época en la que el tío de Álvarez, Gustavo Álvarez Martínez, dirigió el infame Batallón 3-16, un escuadrón de la muerte entrenado por la CIA, que desapareció, torturó y asesinó a opositores del régimen “democrático” que gobernaba por ese entonces.

Esta misma semana en Tegucigalpa, la policía emboscó una escuela secundaria, disparando con bombas de gas lacrimógeno y con balas vivas contra estudiantes de tan solo 16 años que se manifestaban contra la suspensión del maestro de matemáticas, ordenada por el gobierno de Lobo, por haber expresado su postura en contra de la privatización del sistema educativo. Un estudiante fue llevado al hospital y otros 21 fueron detenidos—junto a las madres de dos estudiantes, que habían ido a suplicar piedad— por amenazar el orden público.

La respuesta del Departamento de Estado ante la excesiva violencia de la policía y el ejército hondureños en los últimos meses está muy lejos de ser satisfactoria. El Agregado de Asuntos Laborales y Derechos Humanos en Tegucigalpa, Jeremy D. Spector, en lugar de condenar los actos censurables (incluso los asesinatos) cometidos por las fuerzas de seguridad de Lobo, ha llamado “matones” a los manifestantes, y adjudicó la violencia a los maestros, estudiantes, padres y otros hondureños disidentes que resisten las políticas represivas del Estado. Se oyen voces opositoras tanto dentro como fuera del Gobierno de los Estados Unidos. Al menos 86 miembros del Congreso han firmado la carta dirigida a la “Querida colega” Hillary Clinton, que solicita un freno a la asistencia policial y militar que brindan los Estados Unidos a Honduras hasta que se rindan cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos. En otra carta reciente, firmada por 107 organizaciones, se pide que la OEA mantenga la suspensión de Honduras, dado que “el régimen de Porfirio Lobo no debe ser recompensado por continuar con la represión y la impunidad”. En una carta del 16 de mayo enviada por 20 ONG hondureñas e internacionales a los embajadores de la OEA, se advierte sobre la reincorporación del país a la OEA antes de que se haya logrado un avance significativo respecto de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad.

Mientras tanto, el Comando Sur (SOUTHCOM) de los Estados Unidos ha estado ampliando rápidamente su ocupación del país, con la aprobación implícita del Gobierno de Lobo. El SOUTHCOM ha instalado dos nuevas bases militares, y el mes pasado anunció un plan para construir cuarteles permanentes, en contravención al derecho hondureño, que reconoce que el ejército estadounidense tiene sólo una presencia temporal en el país. El día jueves 26 de mayo, se envió una carta escrita por la Fellowship of Reconciliation y firmada por más de 70 líderes religiosos, organizaciones y académicos, a “contratistas y licitadores de contratos de construcción de bases militares de los Estados Unidos en Honduras”, exhortándolos a que se desvinculen de esos contratos o no liciten para ellos.
Pero lo que es quizá más importante, aquí en Honduras, si bien casi todos los sectores del movimiento masivo de resistencia celebran el regreso de Zelaya, se han opuesto de manera pública y abierta a la reincorporación del Gobierno de Lobo (que el mismo movimiento no reconoce) a la OEA. Algunos han ido más allá, criticando la negociación de los derechos humanos y el procedimiento antidemocrático del Acuerdo de Cartagena por ser una amenaza a los procesos democráticos. Un comunicado del 23 de mayo titulado “Los derechos humanos no son objeto de negociación política” —emitido por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una de las organizaciones de derechos humanos más respetadas del país y miembro de la Plataforma de Derechos Humanos opositora al golpe— rechaza el concepto de “reconciliación” bajo las condiciones actuales, a las que describe de la siguiente manera:

Cerca de nosotros permanecen aún la huelga de hambre indefinida de cinco educadores por violación a sus derechos sociales y económicos; centenares de familias campesinas en la zona del Aguán asechadas por fuerzas legales y clandestinas en contra de su vida y la tierra. Y un promedio de más de 16 personas muertas en forma violenta, cada día en todo el país, en total impunidad. 

El 26 de mayo, la influyente organización Artistas en Resistencia publicó una carta abierta para el ex presidente Zelaya, en la que le dan la bienvenida pero anuncian su decisión de no actuar en las celebraciones del día sábado, y afirman: “Nuestro canto y nuestra voz es política y no simple comparsa de la euforia concebida como catarsis a un éxito que no hemos alcanzado todavía”. También incluyeron un análisis breve sobre la situación actual:

Ahí estaremos recibiéndolo, compañero Manuel Zelaya, y no se nos olvidará que el régimen de Lobo es asesino, que continúa asesinando a los campesinos del Aguán y de Zacate Grande; que esta misma semana ha ordenado poner la bota sobre el cuello de los estudiantes del Luis Bográn, que ignora la desesperada huelga de hambre de los maestros y de sus mártires, que permite el asesinato de artistas como Renán Fajardo y Juan Ángel Sorto, que olvida y deja morir con desidia a poetas de la talla universal como lo fue en vida Roberto Sosa y la poeta Amanda Castro, que continúa ordenando la protección de los asesinos empresarios del golpe de Estado y que reprime, persigue y que ha vendido por pedazos nuestro territorio ayudándose de una policía y ejército convertidos por el imperio en soldados de ocupación de nuestra nacionalidad.

En un comunicado del 27 de mayo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización indígena más grande y poderosa del país, también dio la bienvenida a Zelaya al tiempo que condenó el Gobierno de Lobo. Se reservó las palabras más duras para la OEA:

Si piensan que harán borrón y cuenta nueva, se equivocan, se equivocan desde sus fríos cálculos económicos, desde su pragmatismo político, desde su urgencia de servir al imperialismo en su proyecto de reacomodo en el continente, se equivocan desde su hipocresía al reconocer un régimen que asesina, que es continuador del golpe de estado y que no ha cumplido con las condiciones puestas por la misma OEA por las cuales fue expulsado. 

Esta organización firma su comunicado: “No olvidamos, No perdonamos y NO NOS reconciliamos!!” 
Hasta el momento, solamente Ecuador ha declarado su firme oposición a la reincorporación de Honduras. El presidente Rafael Correa, quien ha sido casi derrocado en un intento de golpe el año pasado, dijo el 26 de mayo: “Hay un requisito; cualquier otra cosa es impunidad. ¿Cuál es el requisito? Que se sancione a los golpistas”.

En  su regreso al país, Zelaya tendrá una tarea difìcil. Muchos hondureños, para los que él se ha convertido en un héroe de proporciones santas, se sorprenderán de saber que la primera cita en su agenda fue un almuerzo con Lobo y el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Pero más allá de que en los próximos meses Zelaya retenga su enorme popularidad o no, una cosa es segura: sin justicia, no habrá reconciliación ni democracia en Honduras.

Adrienne Pine es Profesora Adjunta de la cátedra de Antropología en la American University, y autora de Working Hard, Drinking Hard: On Violence and Survival in Honduras, (University of California Press, 2008). Más artículos de la autora en quotha.net.