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Monday, 01 September 2014
El trago amargo de la Copa: Brasil ante el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos PDF Print E-mail
Written by Raúl Zibechi   
Thursday, 23 February 2012 14:05

Fuente: Programa de las Americas

“La población tiene la ilusión de que va a lucrar con los eventos de la Copa, pero la verdad es que será brutalmente reprimida”, asegura Roberto Morales, asesor del diputado Marcelo Freixo, del Partido del Socialismo y la Libertad. Los acuerdos entre el gobierno de Brasil y la FIFA limitan la venta informal en torno a los estadios expulsado a los vendedores a un radio de dos kilómetros de los eventos. “La Copa será un gran negocio para los empresarios del deporte y para los representantes de bebida y comida”, se lamenta .

Morales participa en el Comité Popular de la Copa que fue creado durante los Juegos Panamericanos celebrados en Rio de Janeiro en 2007, cuando la población que estaba siendo desalojada de forma forzosa para construir obras comenzó a resistir los traslados. “Además comenzamos a percibir que los desalojos no eran el único problema de los grandes eventos y observamos otros factores como la corrupción. La obras de los Panamericanos estaban presupuestadas en 300 millones de reales pero costaron 3.500 millones”, unos dos mil millones de dólares.

Una situación que está afectando especialmente a Rio de Janeiro, que será una de las sedes de la Copa del 2014 y albergará los Juegos Olímpicos en 2016. En las doce ciudades que serán sedes del Mundial de Fútbol, se han creado Comités Populares que se han articulado y se están movilizado bajo el lema “Copa y Olimpiadas con respeto a los derechos humanos”.

El 12 de diciembre entregaron a las autoridades de las doce ciudades un dossier titulado “Megaeventos y violaciones a los derechos humanos en Brasil”, donde detallan desde la vulneración del derecho a la vivienda y a las leyes laborales en las obras hasta la falta de estudios de impacto ambiental de obras que se levantan contra reloj.

El derecho a la vivienda

Brasil tiene un déficit habitacional de cinco millones de viviendas. Las obras del Mundial, desde los estadios hasta la ampliación de aeropuertos y autopistas, tendrán un costo total de unos 20.000 millones de dólares, casi la mitad del PIB de Uruguay sólo para un campeonato que dura menos de un mes. Una cifra colosal que sale de los impuestos de los brasileños y de la que se benefician unas pocas megaempresas.

Aunque el gobierno no da informaciones sobre los desalojos forzosos que provocarán las obras, se estima que afectarán a unas 170 mil personas. Los Comités Populares han detectado una suerte de patrón que se repite en todas las ciudades donde habrá desalojos: “La falta de información y notificación previa generan inestabilidad y miedo con relación al futuro”, lo que paraliza a las familias y las coloca a merced de los poderes o los especuladores, señala el informe de los Comités Populares.

La segunda cuestión es que casi la totalidad de los afectados viven en áreas de bajos ingresos y cierta precariedad o informalidad. En la región metropolitana de Curitiba serán afectados 1.173 inmuebles para construir el Corredor Metropolitano de 52 kilómetros, los accesos ferroviarios, y la reconstrucción y ampliación de varias avenidas y autopistas. Sólo la ampliación del aeropuerto y su playa de estacionamiento implica la remoción de 320 viviendas, sin que ninguno de sus habitantes haya sido informado sobre las indemnizaciones que recibirá o dónde será trasladado.

En Belo Horizonte se construye un gigantesco emprendimiento inmobiliario que ocupa 10 mil hectáreas de áreas verdes para levantar 75 mil apartamentos, que se llamará Vila da Copa, que inicialmente servirá de alojamiento de delegaciones, turistas y periodistas que asistan al Mundial. En Fortaleza serán afectadas 15 mil familias de las cuales casi 10 mil deberán ser reasentadas pero aún no han sido informadas dónde irán a vivir.

La mayor parte de los afectados serán desplazados por la ampliación o construcción de nuevas autopistas. La Vía Expresa de Fortaleza atravesará 22 barrios para unir la zona hotelera con el centro de la ciudad y el estadio Castelâo. En este caso las familias pueden elegir entre una indemnización, una casa en un conjunto habitacional o la permuta por otro inmueble escogido en algún barrio de la capital.

Aunque el 70 por ciento de las nueve mil familias afectadas habían elegido un conjunto habitacional, la presión social frenó todo el proceso hasta que se presente un proyecto alternativo en mejores condiciones.

Cientos de casas de la periferia de Fortaleza que han sido marcadas con tinta verde para ser demolidas este año, pero los habitantes no tienen ninguna comunicación oficial que les informa cuándo se producirá la demolición.

Los Comités Populares de la Copa afirman que en 21 villas y favelas de siete ciudades que serán sedes del Mundial, el Estado está aplicando “estrategias de guerra y persecución, como el marcado de casas con tinta sin explicaciones, la invasión de domicilios sin mandatos judiciales, la apropiación indebida y destrucción de inmuebles”, además de amenazas y corte de los servicios y otras acciones de intimidación .

Las obras para el Mundial facilitan una suerte de “limpieza social” impulsada por la especulación y desplaza familias que habitan predios desde hace cuatro y cinco décadas, como sucede en San Pablo con la construcción del Parque Lineal Llanos del Tietê, una zona inundable de la que han sido removidas cuatro mil familias y serán expulsadas otras seis mil.

Según la experiencia dejada por anteriores megaeventos deportivos, no sólo en países emergentes sino también en el mundo desarrollado, el costo de vida se encarece, se dispara la especulación inmobiliaria ya que las obras de infraestructura desplazan a unos y atraen a los que pueden pagar viviendas más caras y muchos son transferidos a la periferia.

Estado de excepción

El parlamento debe aprobar la Ley General de la Copa (2330/2011) que establece las normas jurídicas para la realización de la Copa de las Confederaciones de junio de 2013 y el Mundial del año siguiente. Luego de varios meses de debates aún no ha sido aprobada siquiera por la comisión especial de la Cámara de Diputados creada para analizarla. El ministro de Deportes, Aldo Rebelo, prometió al secretario general de la FIFA, Jerôme Valcke, que será votada a más tardar en marzo .

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en base a los criterios establecidos por la federación. El 6 de diciembre se intentó votar en el pleno de diputados pero debió aplazarse porque varios representantes estimaron que contradice la legislación brasileña. Por ejemplo, en Brasil está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los estadios, pero la FIFA exige que exista total libertad, lo que puede generar situaciones de violencia según estiman muchos parlamentarios

Otro punto de fricción gira en torno a los derechos adquiridos por estudiantes, jubilados, beneficiarios del programa Bolsa Familia y enfermos, que pagan sólo media entrada, algo que la FIFA también rechaza. La llamada Ley Pelé, que beneficia a los sindicatos de atletas profesionales con el cinco por ciento de los ingresos por los derechos audiovisuales de los espectáculos deportivos, también será suspendida en los partidos del Mundial.

La federación exige también que el país anfitrión emita visas y permisos de trabajo a todos los miembros de las delegaciones, invitados, funcionarios de las confederaciones, periodistas y espectadores de otros países que hayan comprado entradas. Esos permisos especiales caducan recién el 31 de diciembre de 2014, seis meses después de terminado el Mundial. En suma, buena parte de la legislación nacional queda suspendida para atender las exigencias de la FIFA.

El informe de los Comités Populares de la Copa denuncia además la vulneración de los derechos de los trabajadores informales (casi dos tercios de los brasileños). El artículo 11 de la Ley de la Copa prohíbe la venta de cualquier tipo de mercancías en “locales oficiales de competición, en sus inmediaciones y principales vías de acceso”, sin autorización expresa de la federación .

La definición y límites de las “áreas exclusivas” para el comercio de productos FIFA deberán ser demarcadas por los municipios “considerando los requerimientos de la FIFA o de terceros por ella indicados”, de la que quedarán expresamente excluidos los vendedores ambulantes. Aún no han sido definidos los perímetros exactos en los cuales regirán estas restricciones, pero por experiencias anteriores se estima que la “zona de exclusión” será de dos kilómetros.

El artículo 23 penaliza incluso a los bares que pretendan trasmitir los partidos del Mundial sin la autorización correspondiente si además promocionan ciertas marcas no autorizadas. La Confederación Nacional de Comercio y otras organizaciones gremiales de los comerciantes han manifestado su oposición a la Ley de la Copa.

Quizá lo más grave es que el proyecto de ley prevé a través del artículo 37 que “podrán ser creados Juzgados Especiales para el procesamiento o enjuiciamiento de las causas relacionadas a los eventos”. Por último, el 38 señala que la FIFA, sus representantes legales, consultores y empleados “quedan libres de los gastos, emolumentos, cauciones, honorarios y cualquier otro gasto debidos a los órganos de Justicia Federal, Justicia del Trabajo, Justicia Militar” y otros órganos brasileños .

Esta relación de vasallaje que impone la FIFA a los países anfitriones puede retrasar la aprobación de la ley y va a generar algunos problemas en la base aliada del gobierno y tal vez en el propio PT. El Comité Olímpico Internacional tiene exigencias similares. En 2009 se aprobó la Ley 12.035 que además de los beneficios ya mencionados, establece la cesión del patrimonio público inmobiliario para la realización de los Juegos Olímpicos, la cesión de espacios públicos en exclusividad y “la destinación de recursos para cubrir eventuales déficits operacionales del Comité Organizador de los Juegos Rio 2016” .

La ley que regula los Juegos Olímpicos establece que entre el 5 de julio y el 26 de setiembre de 2016 quedan suspendidos “los contratos celebrados para la utilización de espacios publicitarios en aeropuertos o en áreas federales de interés de los Juegos Rio 2016”.

El poder acumulado por las federaciones deportivas en las últimas décadas es capaz de imponerse a los millones de ciudadanos en todo el mundo, que son los que realmente las sostienen, y a poderosos estados de todos los continentes, sin que se registren debates públicos en los que pueda trasparentarse el entramado de intereses detrás de tantos abusos.

La elitización de los estadios

Alrededor de 203 mil personas asistieron a la final de 1950 en Maracaná, lo que reasentaba el 8,5 por ciento de la población de Rio de Janeiro. Las entradas a las localidades “generales” y a las “populares”, donde asistían los sectores populares, representaban el 80 por ciento del público total. Una parte importante de los espectadores siguieron el partido de pie, en un estadio que tenía capacidad para 199 mil personas.

Aquellos estadios donde se mezclaban los más diversos sectores sociales comenzaron a cambiar en la década de 1990. En Brasil la justificación para esa suerte de “europeización” fue la seguridad y el confort, como parte de una campaña global en la que no sólo participó la FIFA sino también las federaciones locales pero también los clubes acicateados por los patrocinadores privados. Hacia el fin de la década el valor de las entradas en todo el mundo creció muy por encima de los precios, haciendo cada vez más difícil el acceso a las familias trabajadores y de clase media baja.

El mítico Maracaná vio reducido su aforo luego de una remodelación en 1999 para recibir el Mundial de Clubes en 2000, a sólo 103.022 personas porque se instalaron asientos individuales en el anillo superior. Entre abril de 2005 y enero de 2006 estuvo cerrado por obras para albergar los juegos Panamericanos de 2007. En esa ocasión se suprimieron las “generales” donde el público seguía los partidos de pie y se instalaron asientos individuales dejando el aforo en apenas 82.238 personas, eso sí con sillas reclinables.

Ya antes de la actual remodelación, Maracaná era una “arena multiuso” que albergaba además de eventos deportivos recitales musicales y shows del más diverso tipo. Sobre los graderíos se construyeron camarotes con una amplia visión del campo, con vidrios que separan a los asistentes VIP del resto de los espectadores. Cuentan con bares, televisión y aire acondicionado y suelen ser rentados por empresas que invitan a sus socios y funcionarios. Tienen el privilegio de que pueden llegar directamente en auto a través de una rampa sin tener que soportar el menor contacto con la “multitud”.

Actualmente Maracaná está sufriendo una nueva remodelación para recibir la final del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Desde mediados de 2010 está cerrado por reformas que seguirán el “patrón FIFA”, que exige que todas las localidades estén cubiertas lo que obligó a modificar todo el techo.

En realidad el estadio fue implosionado y sólo se conserva la fachada externa que es considerada patrimonio histórico nacional. La reconstrucción costará mil millones de reales, un mínimo de 600 millones de dólares, será concesionado a la iniciativa privada y tendrá aún menos localidades que serán cada vez más caras.

Más que un estadio de fútbol será un teatro, con sillas numeradas en las que no se puede seguir el partido de pie. De ese modo se suprimieron los espacios de creación colectiva de las hinchadas, bullangueras y desordenadas, y en su lugar sólo queda la posibilidad de coreografías precocinadas como las “olas” y el despliegue ordenado de minibanderas individuales.

De ser el maior do mundo, Maracaná pasó a ocupar un modesto lugar 14º, muy por detrás de los dos mayores estadios del planeta: el Rungrado May Day de Pyongyang (Corea del Norte) con capacidad para 150 mil espectadores, y el Salt Lake de Calcuta (India) con 120 mil lugares. Pero sobre todo dejó de ser un espacio popular para convertirse en un soporte de negocios y espectáculos que poco tienen que ver con el espíritu popular que tuvo el fútbol.

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e investigador sobre movimientos sociales en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor a varios grupos sociales. Escribe el “Informe Mensual de Zibechi” para el Programa de las Américas.

Recursos

Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa, “Megaeventos y violaciones a los derechos humanos en Brasil”, diciembre de 2011.

Entrevista a Roberto Morales, IHU Online, 11 de enero de 2012.

“Olimpíada e Copa vâo despejar até 170 mil”, Folha de Sâo Paulo, 13 de diciembre de 2012.

Proyecto de Ley General de la Copa Nº 2330/2011, Brasilia,

 

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